La ONG Río de Paz convocó ayer a una protesta en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para exigir el fin de la violencia durante las operaciones policiacas contra narcotraficantes en las favelas de la entidad brasileña. Los manifestantes llevaron carteles con los nombres y edad de los niños que han muerto por balas perdidas durante los enfrentamientosFoto Ap
Afp, Ap y Dpa
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 22
Río de Janeiro.
La playa de Copacabana en esta ciudad brasileña fue escenario este domingo de una protesta en solidaridad con la familia de un niño de diez años, que murió el jueves pasado en una favlea durante un operativo contra presuntos narcotraficantes.
La madre del menor, Terezinha María de Jesús, dijo al portal noticioso G1 que su hijo estaba en la puerta de su casa y ella vio cuando un policía le disparó.
El departamento de policía ha dicho que los agentes implicados en la operación contra las pandillas fueron suspendidos mientras se realiza una investigación.
En los últimos días la violencia ha afectado al Complejo Alemao, donde fueron baleados varios sospechosos y transeúntes durante los intensos tiroteos entre policías y pandilleros.
La semana pasada un ama de casa de 41 años falleció al ser alcanzada por una bala perdida. Y cuando menos dos supuestos miembros de una pandilla murieron el miércoles en una balacera.
Otras tres personas también fueron baleadas y se cree que ninguna estaba vinculada con pandillas. Un policía resultó herido.
El gobernador del estadod de Río de Janiero, Luiz Fernando Pezao, dijo que desplegarán más policías a fin de reocupar
las favelas del Complejo de Alemao, cuyo control fue arrebatado a los narcotraficantes en 2010.
Miembros de la ONG Río de Paz marcharon este domingo antes de enterrar simbólicamente en la arena un féretro blanco, en muestra de solidaridad con la familia Ferreira.
Cada uno de los cerca de 20 activistas, todos vestidos de negro, llevaban pancartas con los nombres de los 18 menores víctimas de balas perdidas durante enfrentamientos entre policías y narcotraficantes en las favelas entre 2007 y 2015, según cifras de ONG.
A ellos se sumaron docenas de residentes de esta zona turística del sur de Río.
El fundador de Río de Paz, Antonio Carlos Costa, dijo a Afp que el propósito de la manifestación fue despertar
a la población de Río para que luchen contra la principal causa de estas muertes violentas: el abismo entre ricos y pobres.
¿Qué respuesta dará la ciudad de Río de Janeiro, que será sede de los Juegos Olímpicos de 2016, a la muerte de un niño pobre, víctima de balas perdidas? ¿Cómo podemos esperar la pacificación de una ciudad tan desigual?
, se preguntó Costa.
El sábado, cientos de personas marcharon durante cuatro horas por la favela del complejo. La marcha se efectuó un día después de que el viernes residentes chocaron brevemente con agentes que emplearon gas lacrimógeno al final de una protesta por la muerte a tiros de Ferreira.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, expresó en un comunicado su solidaridad
con los padres de Eduardo, y pidió que se aclaren las circunstancias de esta muerte y que los responsables sean juzgados y castigados
.
En el terreno político, Rousseff enfrenta un nuevo escándalo. La revista Veja aseguró que la abogada Berenice Guerra, ex ministra del gabinete civil de Luiz Inacio Lula da Silva y ex asesora cercana a la misma presidenta brasileña, al parecer integró una red que operó durante años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda.
La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan multas por evasión fiscal impuestas por la Recaudadora Federal a grandes contribuyentes.
La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que la abogada firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual Guerra se comprometió a prestar servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal
.
La deuda con el fisco que cuestiona el grupo chino asciende a unos 227.6 millones de dólares. Según lo acordado, la abogada recibiría 1.5 por ciento del valor que la empresa dejara de pagar al Estado. Este caso pudo haber generado pérdidas por 6 mil millones de dólares al fisco.
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