Alerta Rousseff sobre iniciativa que deja vulnerables a los trabajadores

Dpa y Reuters

Periódico La Jornada
Viernes 10 de abril de 2015, p. 22

Brasilia.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió este jueves los derechos de los trabajadores que, dijo, pueden ser vulnerados en caso de que prospere el proyecto de ley, aprobado la noche del miércoles en la Cámara de Diputados, que libera la contratación de trabajo tercerizado en empresas públicas y privadas. Además, aseguró que la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras) superó el escándalo de corrupción, pues la empresa ha limpiado donde hacía falta y se libró de quienes aprovecharon sus puestos para enriquecerse.

Al referirse al proyecto de contratación en la modalidad conocida como outsourcing, que representa un nuevo revés político para su administración, la mandataria izquierdista aseveró que la posición del gobierno es de que la tercerización no puede comprometer derechos de los trabajadores. Nosotros no podemos desorganizar el mundo del trabajo (con esta ley).

Alertó sobre la necesidad de garantizar que las empresas que sean contratadas mediante esa modalidad paguen los salarios, los aportes jubilatorios y, al mismo tiempo, que paguen también sus impuestos.

Por eso, agregó, observamos con mucho interés cómo se va a desdoblar la votación de aquí en adelante, principalmente en la responsabilización solidaria de aquellas empresas que sean contratadas. Hay que ver cómo se dará ese proceso en el Congreso, subrayó.

El texto principal del proyecto se aprobó con 324 votos a favor, 137 en contra y dos abstenciones. Antes de ir a consideración del Senado, los diputados votarán la semana que viene algunas enmiendas.

La votación fue incluida en el orden del día por el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno en el Congreso.

Cunha, quien asumió la presidencia de Diputados enfrentando al gobierno y con la bandera de independencia del Legislativo respecto del Ejecutivo, fue el principal defensor del proyecto en la sesión, el cual es aplaudido por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y criticado por las centrales sindicales vinculadas a la izquierda del país y por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La CNI catalogó la iniciativa como un avance para empresas, trabajadores y para la economía de Brasil. Evaluó en un comunicado la nueva medida como indispensable para mejorar el ambiente de negocios y fundamental para modernizar las relaciones de trabajo en Brasil.

La Central Única de Trabajadores, la Unión Nacional de Estudiantes, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, entre otras organizaciones de izquierda, realizaron marchas el martes pasado en varios estados para protestar contra el proyecto.

En Brasilia, unas 4 mil personas se concentraron frente al Congreso y se enfrentaron a la policía. Los disturbios dejaron ocho heridos, entre ellos dos legisladores y dos policías, y una detenida.

En cuanto al esquema de corrupción en Petrobras, en el que se estima que se movieron unos 4 mil millones de dólares en una década, Rousseff dijo en Río de Janeiro, después de la inauguración de un proyecto de viviendas de bajo costo, que la estatal dio vuelta a la página y reportó una producción récord de 700 mil barriles de petróleo por día.

Sin embargo, la compañía ha tenido que reducir sus planes de inversión y proyectos de infraestructura. El Ministerio Público de Brasil investiga a decenas de sus contratistas por sospechas de que habrían estado implicados en el esquema de sobornos.

Rousseff, relegida por escaso margen en octubre, ha visto desplomarse su popularidad. Los sondeos muestran que la mayoría de los brasileños la consideran responsable de la corrupción en la mayor compañía del país.

El contralor general investiga a 29 empresas por cargos civiles y los fiscales acusan a 97 personas de asociación delictuosa, sobornos y lavado de dinero. Los fiscales investigan a 47 políticos –todos de la coalición de gobierno de Rousseff, excepto uno– por acusaciones de que recibieron dinero malversado, que se desvió de contratos de firmas de construcción e ingeniería con Petrobras.

João Vaccari, tesorero del PT, dijo a una comisión del Congreso que todas las donaciones de esos contratistas al partido estaban legalmente registradas.

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