Fiscal del caso AMIA acusa a la presidenta de Argentina de “encubrir a los iraníes”

Fiscal del caso AMIA acusa a la presidenta de Argentina de encubrir a los iraníes

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de enero de 2015, p. 21

Buenos Aires.

En una insólita resolución el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa que investiga el cruento atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, denunció este miércoles a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por intento de encubrir a los iraníes acusados sin pruebas concretas del bombazo.

Nisman basa su denuncia en que el gobierno intentó negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía, indicó el periódico opositor La Nación, que citó fuentes judiciales.

Además solicitó la indagatoria y un embargo de sus bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones 282 mil dólares) y acusa a Andrés Larroque, dirigente de La Cámpora, movimiento político de la juventud que apoya al gobierno, a Luis D´Elía, dirigente social, y a Fernando Esteche, dirigente de la organización social Quebracho, ambos siempre en la mira de la embajada de Israel aquí.

Presentó estas denuncias en el juzgado de Ariel Lijo, quien ha sido denunciado por diversas causas y procesó, sin pruebas concretas por presunto cohecho al vicepresidente Amado Boudou.

Estas denuncias fueron rechazadas por funcionarios gubernamentales, pero también por organizaciones de familiares de las víctimas de este atentado, que en julio de 1994 dejó 85 muertos, centenares de heridos y graves daños en un barrio populoso de esta capital.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Mosad israelí acusaron a Irán desde el primer momento, aunque nunca se han logrado pruebas concretas y aportaron testigos bajo su tutoría que confundieron los caminos del juicio, con mentiras y sin presentar ninguna prueba.

Las graves irregularidades en el juicio abierto en 1994 y que estaba a cargo del juez Juan José Galeano, y sus ayudantes, llevaron al cierre del mismo ya que incluso el juez con apoyo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) y también de Nisman pagaron 400 mil dólares a un delincuente para que acusara a un funcionario iraní de haberle comprado una camioneta, como demostró la justicia.

El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual mandataria decidieron tomar caminos serios para un juicio escandaloso, obstaculizados por intereses extranjeros, que nada tenían que ver con la verdad y la justicia. El juicio fue cerrado y fueron destituidos con pruebas, el juez Galeano y su equipo que estaban apoyados por el entonces presidente de la DAIA, Rubén Berajas.

Según Nisman algunos de los denunciados habrían sido interlocutores de la negociación para cerrar el caso con falsos culpables y permitir que Argentina intercambie con Irán petróleo por granos; su denuncia está basada en intercepciones de comunicaciones telefónicas en las que los mensajeros hablan con agentes iraníes llevando y trayendo datos sobre los avances de las negociaciones.

Esto también indica espionaje telefónico ilegal y el dato del trigo por petróleo es también falso ya que las únicas negociaciones estaban referidas al memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, para establecer la verdad sobre la AMIA, lo que creó muchas esperanzas para la búsqueda de la verdad. El acuerdo fue rechazado por Tel Aviv y la DAIA no así por una gran cantidad de familiares de las víctimas y organismos humanitarios, que entendieron el convenio sentaría jurisprudencia internacional.

Los familiares nucleados en Memoria Activa, aseguraron este miércoles que "la causa AMIA está contaminada, sucia y se preguntaron cómo puede ser que Nisman no aportó nada en los últimos años y escribió 300 fojas para este tema, refiriéndose a la denuncia hecha ahora por el fiscal.

Sergio Burstein, del grupo de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, calificó esta acción judicial como una operación vergonzosa y recordó que quien llevó adelante la investigación que Nisman puso en sus escritos es Jaime Stiusso, agente despedido recientemente de la oficina de inteligencia del Estado aquí. Stiusso estaba mencionado por espionajes ilegales y además trabajando para las inteligencias israelí y estadunidense.

Señalado en cables filtrados por Wikileaks

Nisman figura en los cables de Wikileaks, citados por el periodista Santiago O´Donell, que demostraron que el fiscal recibía y enviaba mensajes a Washington mediante la embajada estadunidense constan sugerentes órdenes de Washington para acusar a Irán.

El año pasado Nisman presentó una conclusión, sin prueba alguna determinando que varios funcionarios iraníes -todos de alto nivel- eran responsables, y se advirtió que su presentación judicial era una evidente copia de lo que dice Washington y Tel Aviv hablando de la supuesta presencia de grupos iraníes, amparados por gobiernos de la región.

La mandataria recurrió al memorándum, que ofrecía la posibilidad con todos los recaudos y observadores internacionales del más alto nivel, para que como permite la Constitución pudieran ir jueces y el propio fiscal Nisman a indagar a los acusados en Teherán.

Irán no va a extraditar a sus funcionarios cuando hasta Interpol en su momento y la justicia británica comprobaron que no había pruebas suficientes en solicitudes de la justicia argentina, e incluso Nisman nunca envió a Gran Bretaña, las evidencias que se le pidieron.

La justicia británica debió pagar una alta suma de libras esterlinas a un diplomático iraní, detenido en Londres por pedido de la justicia argentina en 2004, por falta de pruebas para decidir su extradición.

El memorándum con Irán fue firmado el 27 de enero de 2012 en Addis Abeba, Etiopía, y fue avalado por el Congreso, pero el Parlamento de Irán no lo ratificó por esa vía, señaló un analista.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó como un disparate institucional y jurídico el pedido de indagatoria de Nisman. Otros funcionarios argentinos caracterizaron de aberración jurídica esta decisión, que se inscribe en una guerra abierta de sectores judiciales avalada por la oposición y sus poderosos medios masivos de comunicación. Pero varios analistas lo enlazan con los recientes sucesos en Francia y los intentos de los poderosos de avanzar en nuevas guerras contra el terrorismo que afectarán a la humanidad.

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