Juez argentina ordena detener a ex ministros españoles por crímenes de lesa humanidad

Juez argentina ordena detener a ex ministros españoles por crímenes de lesa humanidad

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2014, p. 26

Buenos Aires.

La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga aquí crímenes perpetrados por la dictadura franquista en España y los primeros años de la transición, ordenó detener y extraditar a los ex ministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, y 18 personas más.

En 2010, familiares de víctimas de la dictadura de Francisco Franco decidieron recurrir a los tribunales argentinos, ante la paralización de las causas iniciadas en España. En Argentina viven familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española y se ha conformado un grupo de apoyo local a estas familias.

Servini de Cubría ha señalado a Utrera Molina, de 86 años, ministro de Vivienda del gobierno de Franco entre 1973 y 1974, y al ex ministro Villa, de 79 años e integrante del entonces gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) entre 1976 y 1979, como posibles autores de delitos de homicidio en grado de tentativa y agravado por la premeditación.

De acuerdo con la resolución enviada por la magistrada, Utrera Molina estaría señalado como quien convalidó la sentencia de muerte contra el anarquista Salvador Puig Antich, asesinado por el método del garrote vil el 2 de marzo de 1974 y que resultó ser una de las últimas víctimas ejecutadas por la dictadura franquista.

En lo que se refiere a Martín Villa, sería responsable de una dura represión a trabajadores huelguistas en marzo de 1976, en la que murieron cinco manifestantes y resultaron heridas más de 100 personas.

Esto ocurrió durante una gran concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de aquel año, en que se disparó con armas de fuego contra los manifestantes.

En 2013 Servini de Cubría había solicitado la extradición, para ser interrogados en Buenos Aires –como en este caso–, de dos integrantes de las fuerzas de seguridad del dictador Franco, responsables de torturas contra sus víctimas, lo que fue denegado por la justicia española.

Otros casos también han tenido una respuesta similar, ya que la Audiencia Nacional de España esgrime como argumento para negar las extradiciones que en aquel país este delito prescribe a los diez años y tiene un máximo de seis años de cárcel. Además, se erige la llamada Ley de Amnistía de 1977 que decidió perdonar los crímenes del franquismo.

Sin embrago, estas leyes o similares como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de mediados de los años 80 en Argentina, conocidas como las leyes de impunidad, fueron derogadas por el Congreso y luego la Corte en 2005.

Pero también se han realizado juicios, al reconocerse luego como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, lo que se ha incorporado al derecho internacional. Es decir, se trata de delitos del tipo de los que hoy piden investigar centenares de españoles que buscan justicia aquí, de la misma manera que los argentinos, cuando no podían llevar adelante los juicios locales, pidieron la ayuda de la justicia española.

Durante los 36 años del franquismo son miles los muertos, ejecutados, desaparecidos y torturados, sin que hasta ahora nada se haya podido lograr en España.

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