Suspensión “cautelar” al referendo en Cataluña

Artur Mas, presidente catalán (al centro), presentó ayer en Barcelona el Libro blanco: la transición nacional de Cataluña, y aprovechó para declarar que el gobierno español envió un recurso contra la consulta independentista al Tribunal Constitucional porque le da miedo la respuesta. Lo acompañan Ferran Requejo (a la izquierda) y Germa Bel, del consejo asesorFoto Reuters

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 23

Madrid, 29 de septiembre.

Los magistrados del Tribunal Constitucional español decidieron suspender en forma cautelar la consulta ciudadana convocada para el próximo 9 de noviembre por el gobierno catalán del nacionalista Artur Mas, luego de que el gobierno del conservador Mariano Rajoy presentó un recurso de apelación.

La suspensión se dio de forma automática. Se paraliza tanto la convocatoria al referendo, decretada el sábado pasado, como la ley de consultas aprobada el 19 de septiembre por el Parlamento catalán para otorgar a éste amparo legal.

Rajoy, en una declaración institucional sin derecho a preguntas, arremetió contra los independentistas catalanes, a los que llamó irresponsables y amenazó con graves consecuencias si se continúa en el proyecto de llevar a cabo un referendo democrático sobre la independencia.

Tras conocerse que el Tribunal Constitucional estudiaba los recursos el mismo día que los presentó el gobierno, Mas expresó su sorpresa por la rapidez con la que se reunieron los magistrados. Durante la presentación del Libro blanco: la transición nacional de Cataluña (en caso de aprobarse la independencia) aseguró que esos recursos se presentan porque al gobierno español le da miedo la respuesta.

El dirigente catalán convocó a la consulta (con base en esa ley de carácter local) para ser celebrada el próximo 9 de noviembre, en la que se preguntará si Cataluña debe ser o no un Estado independiente de España, y a la que están llamados a votar unos 5.4 millones de ciudadanos.

El Tribunal Constitucional tiene un periodo de cinco meses para decidir si la suspensión se mantiene, y da al gobierno catalán 15 días para presentar alegatos a los recursos de impugnación a partir de este lunes.

El alto tribunal está integrado por 12 magistrados, de los cuales al menos diez son nombrados con el beneplácito y el respaldo del partido mayoritario en el Parlamento y en el Senado, en este caso el Partido Popular.

Por eso se entiende la celeridad y la coincidencia de los magistrados en suspender de forma cautelar la norma autonómica, al argumentar en un comunicado que su decisión es inmediata porque es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas y porque entendemos la trascendencia para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana.

Madrid alega que la competencia de celebrar una consulta democrática sólo es de uso exclusivo del gobierno central, por lo que advierte que la autorización de referendos corresponde exclusivamente al Estado. Además, considera inconstitucional la regulación que se hace de las consultas locales, porque en ella se regulan no sólo las consultas municipales, sino también las de las comarcas, provinciales o supramunicipales.

Rajoy, en un mensaje a la prensa, indicó que la decisión de Artur Mas de convocar a la consulta tendrá graves consecuencias. Acusó al líder catalán de irresponsable y de buscar subterfugios para vulnerar la legalidad por apelar a algo que suena bien, que es el derecho a ser escuchado, pero que en realidad quien esgrime ese argumento está privando de ese derecho a todos los demás".

El vocero del gobierno de Cataluña, Frances Homs, declaró que con la impugnación Madrid comete un error de consecuencias mayúsculas. Señaló que con estas medidas en vez de matar el proceso independentista, lo que hacen es reforzar aún más el movimiento.

Añadió: hemos asistido con perplejidad a una rueda de prensa de lo que parecía ya una sentencia del Tribunal Constitucional. Rajoy parece más un portavoz del Tribunal que el presidente del gobierno, ya que no se puede presuponer cuál será la sentencia. La solución a este contencioso debe estar amparada en la legalidad, pero fundamentalmente tiene que ser política.

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