Habrá más deportaciones, dice Obama a presidentes en reunión

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador; Otto Pérez Molina, de Guatemala; Barack Obama, de Estados Unidos, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, en el encuentro que sostuvieron ayer en la Casa BlancaFoto Ap

Niños indocumentados que han sido trasladados a un albergue en Brownsville, TexasFoto Ap

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 26 de julio de 2014, p. 21

Nueva York, 25 de julio.

El presidente Barack Obama afirmó hoy a tres mandatarios centroamericanos que enfrentar la crisis de los migrantes menores de edad es una responsabilidad compartida, pero en el país no ha logrado establecer un acuerdo político compartido para abordar lo que llama situación humanitaria.

En la cumbre convocada por Obama en la Casa Blanca con Juan Orlando Hernández, de Honduras; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y el recién instalado Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, el mandatario estadunidense dijo que comentó a sus amigos que aunque su país tiene gran compasión por los niños migrantes, aquellos que no tienen razones para permanecer serán regresados a sus naciones. Tenemos que disuadir el continuo flujo de niños que se arriesgan a hacer el viaje peligroso, expresó Obama ante medios al concluir la reunión.

El mandatario estadunidense reiteró: Además de ser una nación de migrantes, también somos una nación de leyes, mensaje que ha repetido para enfatizar su apoyo a los migrantes y, a la vez, justificar su política de control fronterizo y la deportación de unos 2 millones de indocumentados durante su gestión.

Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron que Obama solicitó a sus homólogos instar a sus ciudadanos a no intentar hacer el peligroso viaje a la frontera estadunidense y reiterar el mensaje de que si son capturados serán deportados. El objetivo de la reunión era buscar formas inmediatas de frenar el flujo de menores de edad y de madres con hijos, que ha abrumado a las autoridades en Estados Unidos en meses recientes. Más de 57 mil niños no acompañados han llegado a la frontera de Centroamérica y México desde octubre. Según pronósticos, el total llegará a 90 mil a finales de septiembre.

El presidente Hernández ha reiterado que uno de los factores que generan el mayor flujo de niños es la ambigüedad de la ley migratoria estadunidense, la cual es explotada por los traficantes para convencer a sus clientes de enviar a sus hijos, pues aseguran que lograrán permanecer en Estados Unidos. Los republicanos coinciden con esa crítica y han instado a anular una orden de Obama que, acusan, ha sido la causante de esa crisis.

Se refieren a la acción diferida (de deportación), conocida como DACA, que Obama impulsó para los indocumentados que llegaron cuando eran menores de edad (16 años o menos) con sus padres y han permanecido en este terriorio desde mediados de junio de 2007 –tal vez el mayor y casi único triunfo del movimiento de defensa de migrantes, sobre todo el encabezado por jóvenes, los llamados dreamers, en años recientes.

Esta cumbre también tenía la finalidad de promover la propuesta de Obama ante el Congreso de aprobarle 3.7 mil millones de dólares en fondos de emergencia para atender la crisis. Pero según observadores, tanto republicanos como los alineados a la Casa Blanca, es poco posible que esta propuesta prospere. Tampoco las contrapropuestas presentadas por republicanos y demócratas en el Senado esta semana, antes del receso legislativo de cinco semanas que se iniciará el primero de agosto. No sólo por diferencias reales entre los planteamientos, sino porque ello se ha vuelto un juego político.

Los republicanos no únicamente no están dispuestos a aceptar algo parecido a la responsabilidad compartida en esta crisis, sino buscan usarla como balón político contra el presidente. Algunos han declarado que este conflicto es "la Katrina de Obama", en referencia a la mala respuesta de la Casa Blanca (en ese entonces ocupada por un republicano) al desastre provocado por ese huracán en la costa estadunidense del Golfo de México.

El envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera, ordenado por el gobernador de Texas Rick Perry, como esa misma demanda en la contrapropuesta republicana en el Congreso presentada esta semana, así como también medidas para acelerar la deportación de los menores de edad, es parte del ataque republicano contra la falta de respuesta de la Casa Blanca.

Todo ello está ocurriendo con miras político-electorales. Por ejemplo, Perry anunció el envío de la Guardia Nacional para elevar de nuevo su perfil nacional al contemplar postularse, una vez más, por la presidencia de Estados Unidos en 2016. Legisladores de ambos partidos actúan en gran medida ante el problema enfocados en las elecciones nacionales intermedias de noviembre de este año (en las que están en juego toda la cámara y un tercio del senado). No hay paso en favor o en contra de los legisladores sin tomar en cuenta la coyuntura electoral.

En este contexto, la Casa Blanca está bajo presión de sectores latinos y la amplia coalición por una reforma migratoria. Su promesa de que, ante la negativa de la cámara baja para abordar una reforma este año, empleara su autoridad ejecutiva para modificar la política migratoria a finales de este verano.

Se anticipa que buscará ampliar medidas parecidas al DACA a un amplio sector de los 11 millones de indocumentados en este país, pero nadie sabe aún qué tan generosas y audaces serán las medidas. Sin embargo, la crisis en la frontera ha complicado el panorama para esta iniciativa, la cual también es parte de una estrategia político-electoral para los demócratas.

A la vez, esta crisis continúa nutriendo un intenso debate para políticos a escala estatal y local, al abordar el envío de menores de edad a albergues y con sus familias en estados por todo el país. Por un lado, hay gobernadores como Deval Patrick, de Massachusetts, quien al dar la bienvenida a albergues en su estado comentó la semana pasada casi con lágrimas que el éxodo le recordaba un incidente con víctimas del Holocausto cuando un buque lleno de niños judíos intentó venir a Estados Unidos en 1939 y Estados Unidos les negó la llegada, y muchos de ellos fueron a su muerte en campos de concentración de los nazis.

Hay gobernadores y políticos estatales y locales que rechazan tajantemente el envío de los menores. Declaran que es una carga injusta para los servicios de educación y salud en sus entidades, y culpan a Obama de la crisis como resultado de sus políticas erróneas. De hecho, seis mandatarios republicanos enviaron recientemente una carta al presidente, en la cual exigen que deporte a los menores.

Entre la cúpula política estadunidense hay, por ahora, pocas señales de una responsabilidad compartida ante el éxodo de los niños.

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