En la base Lackland de la Fuerza Aérea, en Texas, se habilitó un dormitorio para menores de edad que han cruzado la frontera estadunidense sin documentos. El gobierno dijo que serán procesados y se buscará alojarlos con familiares o anfitriones aprobados, mientras sus casos proceden ante los tribunales de migraciónFoto Reuters
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 22
Nueva York, 10 de junio.
Ante oleadas de inmigrantes menores de edad detenidos en la frontera y alojados en instalaciones militares, y el ritmo récord de deportaciones por el gobierno de Barack Obama, que divide familias y nutre el clima de temor en comunidades inmigrantes a lo largo del país, la cúpula política estadunidense permanece estancada, pese a que esta crisis humana afecta a millones.
Protestas, acciones directas, peticiones y marchas expresan la creciente ira entre agrupaciones de inmigrantes y sus defensores, ante la inmovilidad de la cúpula política en promover una reforma migratoria y la falta de acción ejecutiva del presidente Barack Obama para ofrecer alivio a familias inmigrantes ante el ritmo récord de deportaciones de indocumentados por su gobierno.
Mientras tanto, estalla una crisis en la frontera sur con recientes oleadas de menores de edad que emigran solos desde Centroamérica y México, sobrepasando la capacidad de detención, alojamiento y procesamiento de las autoridades federales.
Desde el primero de octubre del año pasado, 47 mil 17 menores de edad no acompañados por adultos han sido detenidos en la frontera sur, cifra sin precedente, reportó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; 34 mil 611 provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, y 11 mil 577 de México. En lo que va del año fiscal 2014 (que empezó el 1º de octubre de 2013), esto representa un incremento de 92 por ciento comparado con el total de todo el año fiscal 2013.
Funcionarios estadunidenses y expertos pronostican que el número total de menores no acompañados que han sido detenidos en el cruce fronterizo en el año fiscal actual podría alcanzar más de 60 mil y podría llegar hasta 90 mil.
La semana pasada el gobierno de Obama giró instrucciones a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la cual se encarga generalmente de respuestas a desastres naturales, diseñar medidas, junto con el Departamento de Seguridad Interna, para enfrentar este fenómeno. Mientras tanto, cientos de jóvenes han sido trasladados tanto a albergues como a bases militares en Oklahoma, California y otros estados. Más aún, se realizan reuniones de emergencia en varias partes del país, como Nueva York, para ver la posibilidad de acomodar a algunos menores en familias que albergan huérfanos o niños separados de sus familias. Los menores de edad no acompañados serán procesados para después buscar alojarlos con familiares, si es posible, o anfitriones aprobados, mientras sus casos proceden ante los tribunales de migración.
El Departamento de Justicia anunció a finales de la semana pasada que impulsaría un esfuerzo de 2 millones de dólares para poder ofrecer los servicios de unos 100 abogados y asistentes legales para los menores de edad al ser procesados ante tribunales de inmigración.
El gobierno de Obama supone que el flujo se está incrementando como resultado de condiciones violentas en los países de origen y rechaza argumentos de figuras antimigrantes que acusan que es resultado de la falta de mayor control fronterizo y el fracaso en aplicar las leyes migratorias por esta administración.
Escucha a Dios y que termine pronto este tormento
, se lee en una pancarta elaborada por uno de los jóvenes sobre su cama en un dormitorio para 60, dentro de la base aérea Lackland, en San Antonio, Texas, reportó el diario Los Angeles Times.
Esta es parte de otra ola de menores de edad acompañados por mujeres adultas que huyen de la violencia en México y Centroamérica, afirman las autoridades y expertos. Autobuses repletos de mujeres y niños de El Salvador, Guatemala y Honduras, enviados a Arizona por autoridades migratorias porque ya no había cupo en los albergues oficiales cerca de donde cruzaron en Texas, se encuentran abandonados en terminales de lugares como Phoenix, para ver cómo le hacen para ubicar a familiares en todas partes de este país con organizaciones comunitarias, las únicas que intentan ofrecer apoyo. Después tendrán que presentarse ante tribunales para evaluar sus casos.
Al mismo tiempo, Obama provocó más furia y desencanto entre inmigrantes cuando postergó su prometida evaluación
de las deportaciones, que han superado 2 millones durante su estancia en la Casa Blanca, más que cualquiera de sus antecesores.
Pocas semanas después de que anunció que estaba ordenando la evaluación de una posible reforma administrativa de las deportaciones, el gobierno de Obama dijo que aplazaría esa decisión para dar una última oportunidad al Congreso de avanzar hacia una reforma migratoria este verano. Algunos integrantes de la gran coalición nacional a favor de una reforma migratoria y algunos legisladores demócratas apoyaron esa decisión, mientras organizaciones de inmigrantes, sobre todo los llamados dreamers (los jóvenes que han prestado nuevo dinamismo al movimiento), la denunciaron.
Defensores de inmigrantes acusan que su decisión implica que continuará el promedio de más de mil deportaciones al día, y que eso llevará a más separación de familias, incluyendo el abandono forzado de hijos de los deportados, lo cual califican de otra crisis humana cotidiana.
Como si esto fuera poco, el lunes la Suprema Corte emitió un fallo que determina que hijos de inmigrantes que cumplen 21 años de edad mientras sus familias esperan sus papeles de residencia legal pierden su lugar en la larga fila de espera y no les será otorgada prioridad, lo cual podría implicar más separación de familias.
La renuencia de la cúpula política a resolver estas crisis no refleja la voluntad popular. La mayoría (62 por ciento) de estadunidenses favorece una reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para los más de 11.5 millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país (poco más de 6 millones de ellos mexicanos), según una nueva encuesta de Brookings Institution y el Public Religion Research Institute emitida hoy. No sólo eso, el sondeo registra actitudes más positivas sobre las contribuciones de los inmigrantes al país (60 por ciento afirman eso contra un tercio que cree que los inmigrantes son una carga), y un 53 por ciento expresaron que sería menos probable que votaran por un candidato político que se oponga a una reforma migratoria. Sin embargo, el sondeo también identificó una división marcada entre las filas del electorado republicano.
Expertos indican que en este ciclo de elecciones intermedias, la dinámica política es más local, donde fuerzas antimigrantes tienen mayor influencia, sobre todo entre las bases republicanas, y que eso cambia en una elección presidencial, cuando las tendencias nacionales ejercen un papel mayor, y donde sectores electorales, sobre todo el latino, tienen mayor impacto. Por lo tanto, muchos no esperan que la cúpula política se arriesgue demasiado antes de las elecciones intermedias de noviembre, en las que está en juego el control de ambas cámaras del Congreso.
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