Boudou, vicepresidente de Argentina, declara 6 horas ante un juez

Simpatizantes del vicepresidente argentino expresaron su apoyo afuera de los tribunales a los que acudió para ser interrogadoFoto Reuters

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 10 de junio de 2014, p. 22

Buenos Aires, 9 de junio

El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou se presentó esta mañana para ser indagado durante casi seis horas por el juez federal Ariel Lijo, quien no permitió –como solicitó el funcionario- que se grabara su exposición, para mayor transparencia, en una causa que es dinamitada por los medios de comunicación opositores, que antes del proceso han condenado frente a la opinión pública al acusado, sin conocer la verdad.

Boudou está imputado de negociaciones incompatibles con la función pública que presuntamente cometió cuando era ministro de Economía para rescatar y adquirir en 2010 a la quebrada Ciccone Calcográfica, la única capaz de imprimir papel moneda. Según la acusación, Boudou buscó beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.

Cuando se hizo la operación para salvar a Ciccone Calcográfica S.A- con una larga, oscura y compleja historia- de la quiebra, el gobierno intervenía en situaciones similares para evitar que quedaran sin trabajo centenares de personas.

En realidad el economista Boudou, se puso en la mira de la oposición más derechista en el momento en que como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, cargo en que lo nombró en 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a gestionar y lo logró un año después, estatizar los fondos previsionales en manos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Éstas se habían adueñado de los fondos mediante la privatización en los años del gobierno neoliberal del ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999).

Este logro fue uno de los sucesos más importantes durante la primera administración de la presidenta Fernández de Kirchner, que en 2009 lo puso al frente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El retorno de los dineros previsionales al Estado fue como se mencionó oficialmente la ratificación de la política de seguridad social seguida desde 2003, cuando el ya fallecido ex presidente Néstor Kirchner asumió el gobierno con el país en una crisis severa.

A las puertas de los tribunales, el vicepresidente fue aclamado por decenas de jóvenes militantes oficialistas de La Cámpora, la Juventud Peronista y otras agrupaciones que le expresaron su apoyo. También apareció un grupo opositor del que partieron insultos y amenazas.

A su salida de la indagatoria, Boudou, quien insistió en su inocencia, dijo que respondí algunas preguntas del juez y del fiscal y ahora vamos a subir a mi Facebook el texto completo de la declaración, y agregó que expuso todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente, limitándose ahora a los aspectos jurídicos y técnicos para abordar más adelante los puntos políticos de la causa.

Pocas horas antes de presentarse ante el juez Lijo, el vicepresidente aseguró que lo que está en juego en estos años, sobre todo desde la llegada de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, es sí el poder está en el pueblo o en muy pocas manos que toman las decisiones.

En otra conversación anterior con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dijo que intentaría arrojar luz y tratar de que el pueblo pueda ver esta audiencia.

Amado Boudou al llegar a la corte. Es la primera vez que un vicepresidente comparece ante la justicia en ArgentinaFoto Xinhua

Sostuvo además que esta causa está centrada en mí y yo tengo la verdad, y es muy conmovedor recibir el afecto y el reconocimiento de la gente. Hay que darle para adelante, pase lo que pase, nunca más los fondos de los jubilados los van a manejar los privados. Recordó que él mismo pidió adelantar la indagatoria y dijo que sentía mucha tranquilidad con la posibilidad de decir la verdad para desentrañar todo esto que es una falacia y una patraña.

Aseguró que valía la pena dar todas estas peleas. Los mismos que dicen que apretamos a la justicia, la aprietan todos los días.

Esto fue en referencia a los hechos sucedidos la semana pasada donde en medios opositores y especialmente en el programa de Jorge Lanata del diario Clarín, éste amenazó duramente a los jueces, de la Cámara, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, que según él se iban a hacer cargo del caso Boudou, para salvarlo e incluso hizo un llamado a escracharlos (señalarlos) por las redes sociales y pidió que los compañeros de cursos de los hijos de ambos los avergonzaran, por la supuesta conducta de sus padres.

Por su parte, el juez Lijo volvió a negarle la posibilidad de filmar su declaración indagatoria.

Terminada la declaración la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Ballesteros y Freiler ordenaron investigar otras aristas de los hechos solicitando al juez Lijo que profundice el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A. y avance respecto a otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas en el expediente.

El voto mayoritario resolvió además hoy declarar abstracto el pedido de la defensa del vicepresidente Boudou para que se considere nula la declaración prestada como testigo por Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick en la causa por la transferencia de esa empresa al Estado.

Y aquí está el punto de otra irregularidad porque ambos ya fueron citados a indagatoria por el juez Ariel Lijo y pasaron de ser acusados a testigos para, a su vez, acusar a Boudou. Ahora este mismo juez acaba de imputarlos por sospechosos.

La causa está dando vueltas desde hace dos años, y quedan diversas dudas, sobre todo por las amenazas y presiones sobre el juez y las Cámaras por parte de la oposición.

Incluso desde algunos sectores opositores al gobierno, el dirigente del Frente Renovador y diputado nacional Sergio Massa pidió que no se prejuzgue al vicepresidente y remarcó su derecho a la defensa, tal como se le respeta al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien está procesado por usar recursos del Estado para escuchar gente.

También desde otros sectores opositores se demanda no prejuzgar porque de lo contrario se instalaría un doble estándar y dejaría sospechas sobre la justicia.

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