Thomas A. Wilner *
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os notas recientes sobre Guantánamo, aparecidas en dos de las organizaciones de noticias más respetadas de Estados Unidos, ilustran la poca atención que la prensa de este país ha dado a los hechos referentes a esa prisión extralegal y la generalizada falta de entendimiento sobre las cuestiones legales y constitucionales en juego.
The Washington Post publicó en fecha reciente una nota titulada: El próximo fin de la guerra en Afganistán pone en duda el estatus legal de los detenidos en Guantánamo
. El asunto principal de la nota era acertado: el fin de esa guerra pondrá fin al fundamento legal para la detención de la mayoría de los presos en Guantánamo. La razón: las guerras crean una excepción a las reglas normales. Conforme a nuestro sistema legal, sólo se puede encarcelar a una persona si es acusada, juzgada y condenada formalmente. En tiempos de guerra las cosas cambian: en palabras de la juez de la Suprema Corte Sandra Day O'Connor en el caso Hamdi vs. Rumsfeld, uno de los veredictos más importantes relacionados con Guantánamo, en tiempos de guerra es permisible detener personas que combaten en contra nuestra, pero sólo por la duración del conflicto, en particular en el que fueron capturadas
. El propósito de detenerlas no es castigarlas, sino mantenerlas fuera del conflicto. Una vez que el conflicto en Afganistán termine, los capturados en él ya no pueden ser detenidos como combatientes enemigos. Esto se ha sabido durante años, pero al parecer sólo es noticia ahora, dado que la prensa nunca lo había informado.
Al hacerlo, la nota del Post también repitió y por desgracia perpetuó dos falacias en torno a Guantánamo. Primero, repitió el mito de que el presidente está impedido por el Congreso para liberar o transferir a muchos de los 164 detenidos
de Guantánamo. No es verdad. El Congreso adoptó una legislación que impide al presidente transferir detenidos a su país de origen o algún otro, pero hace dos años la enmendó con el fin de darle una vía para superar esa prohibición. Como indicó Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, esa enmienda proporciona una ruta clara para la transferencia de detenidos a terceros países
. Sencillamente, el presidente no la ha usado.
La nota repetía otro mito: que en Guantánamo existen unas cuatro docenas de hombres considerados demasiado peligrosos para liberarlos, pero que son inelegibles para juzgarlos porque la evidencia en contra de ellos es inadmisible
. Esa línea ha sido repetida una y otra vez por la prensa sin someterla a examen. Sencillamente, no es cierto. La base del gobierno para detener a cada uno de los hombres presos en Guantánamo está disponible públicamente en Wikileaks. Los miembros de la prensa puedan revisarla por sí mismos. Deberían hacerlo. Existen, sin duda, algunos tipos malos allá; en general se reconoce que son menos de 20. Todos ellos pueden ser sometidos a juicio. Lo único que impide juzgarlos es el sistema de comisión militar, que no está probado y es ineficaz. En nuestros tribunales federales, todos ya hubieran sido juzgados hace mucho tiempo. Un examen del fundamento del gobierno para mantener a los demás hombres en Guantánamo muestra que la razón por la cual no pueden ser juzgados no es porque la evidencia sea inadmisible, sino porque es tan volátil y especulativa que en cualquier tribunal federal sería desechada entre risas.
El domingo pasado el programa 60 Minutes, de CBS News, incluyó un trabajo de Leslie Stahl sobre Guantánamo, que se enfocó en si Khalid Sheikh Mohammed, reconocido como autor intelectual de los ataques del 11-S, y otros acusados de terrorismo podrían ser sometidos a un juicio justo. Examinaba, por ejemplo, si las confesiones hechas por estos hombres mucho tiempo después de que terminó la tortura se podían admitir como pruebas en los procesos de la comisión militar. Puede que sea un tema importante para los detenidos que serán juzgados, pero ellos son sólo 15 por ciento de los que están allá. La abrumadora mayoría no están acusados de terrorismo y jamás serán juzgados. De hecho, hace cuatro años más de la mitad de ellos –84 de los 164 que permanecen– fueron exculpados por un equipo especial de trabajo constituido por los oficiales de inteligencia, seguridad y procuración de justicia de más alto rango de la nación. Sin embargo, permanecen en prisión.
Mientras la reportera Stahl hablaba y caminaba junto a un grupo de celdas en Guantánamo, uno de los detenidos lanzó un grito dramático: ¡Por favor, estamos cansados! Déjennos morir en paz, o digan la verdad al mundo. ¡Que el mundo sepa lo que ocurre!
CBS no identificó al prisionero y, al parecer, tampoco intentó averiguar por qué dijo eso.
El prisionero era Shaker Aamer, ciudadano saudita que antes era residente permanente en Gran Bretaña. Fue exculpado no sólo por el equipo especial hace cuatro años, sino ya antes por el mismo gobierno de Bush. Lleva casi 12 años preso, más de la mitad de ese tiempo después de haber sido declarado sin culpa. Esa es la verdadera tragedia de Guantánamo: no cómo vamos a juzgar a los que serán acusados, sino por qué continuamos reteniendo a los muchos otros que jamás serán acusados y que fueron exculpados por el equipo especial. La prensa debería informar de eso.
En los segundos iniciales del reportaje de 60 Minutes, el principal personaje entrevistado por Stahl, el general brigadier Mark Martins, hace una declaración que la reportera deja pasar sin cuestionarla: que las similitudes entre la justicia en un tribunal civil y en Guantánamo superan con mucho a las diferencias
. Se presume la inocencia del acusado
, declara Martin cuando van caminando junto a los rollos de alambre de púas que aíslan a los hombres etiquetados para siempre por el entonces vicepresidente Dick Cheney como los peores entre los peores
. Pero, ¿cómo puede haber presunción de inocencia en Guantánamo, cuando incluso hombres declarados sin culpa hace mucho permanecen presos?
Sería bueno que la prensa examinara las pruebas por sí misma. Y que prestara mayor atención a la persistente injusticia en Guantánamo, que es tan contraria a los valores fundamentales de esta nación y sigue siendo una mancha enorme en nuestra reputación en todo el mundo.
* Thomas B. Wilner es presidente de la sección de comercio e inversión internacional del bufete jurídico Shearman & Sterling LLP en Washington, DC. Representó a detenidos de Guantánamo en el juicio Rasul v. Bush, resuelto en junio de 2004, en el que la Suprema Corte decretó que los detenidos tienen derecho al habeas corpus, y en Boumediene v. Bush, resuelto en junio de 2008, en el que la Suprema Corte sostuvo que el derecho de los detenidos de Guantánamo al hábeas corpus está protegido por la Constitución estadunidense.
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© 2013, Warscapes magazine.
Traducción: Jorge Anaya
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