Avanza la controvertida reforma judicial del gobierno argentino

Diputados durante el debate sobre la reforma judicial ayer en Buenos AiresFoto Xinhua

Opositores a la iniciativa para democratizar el Poder Judicial se manifestaron antenoche frente al Congreso argentinoFoto Reuters

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 26 de abril de 2013, p. 32

Buenos Aires, 25 de abril.

Después de una tensa y maratónica sesión, que comenzó ayer en la mañana y terminó al amanecer de este jueves, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley dos de las propuestas más importantes de la reforma judicial planteada por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para democratizar la justicia, que establecen la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares así como la creación de tres cámaras de casación.

A lo largo del miércoles hablaron todos los representantes de la oposición con un discurso marcado por consignas que sorprendieron por la falta de argumentos y sin propuestas serias.

Ayer por la tarde y noche estuvieron presentes los grupos opositores, que intentaban presionar a los diputados para que no votaran la ley.

Convocados por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, trabajadores judiciales realizaron una segunda jornada de huelga en contra de la reforma judicial, lo que paralizó los principales tribunales federales.

Las inmediaciones del Congreso fueron escenario durante el debate de protestas en las que participaron miles de personas. La carpa blanca que instalaron los dirigentes de los partidos opositores continuaba este jueves frente al Congreso y hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Cetera) protestó en un comunicado por la utilización de un símbolo de la lucha popular de los maestros en tiempos difíciles, por muchos de los responsables del avasallamiento de los derechos de los trabajadores en los años 90: No manchen la carpa blanca, dijeron los maestros.

Volverá a revisión al Senado

A la seis de la mañana los diputados aprobaron en general por 130 votos en favor y 123 en contra la primera de las iniciativas en debate que fue una de las más difíciles: la modificación del Consejo de la Magistratura, que verá ampliados sus integrantes de 13 a 19, y establece la elección por voto popular de sus miembros. La iniciativa debe volver en revisión al Senado.

Al cuestionar el resultado de la votación de un artículo, la oposición se retiró con el argumento de que había fraude, pero después los opositores se enteraron de que un voto que no había sido tomado en cuenta correspondía a una diputada del Movimiento Popular Neuquino, que en realidad votaba a favor de esta reforma. La votación fue repetida pero resultó más favorable al oficialismo.

La decisión de la oposición de retirarse del recinto se desencadenó luego de que el artículo dos arrojó una votación de 128 a 101, aunque inmediatamente después la neuquina Alicia Comelli y el oficialista Juan Forconi aclararon sus votos positivos y aumentó a 130 la votación en favor de la reforma.

Al aceptarse la moción del oficialismo, la oposición estalló en gritos, abucheos e insultos que se extendieron por varios minutos.

Además, se crearon tres cámaras de casación en los fueros comercial, laboral y contencioso administrativo, con el objetivo de reducir los casi 20 mil expedientes que anualmente llegan a la Suprema Corte de Justicia, lo que según opositores alargará el proceso de aplicación de justicia.

Las acusaciones fueron múltiples y los cruzamientos se hicieron violentos en algunos momentos. Sergio Pansa, diputado del derechista y opositor Frente Peronista, arrojó una botella de plástico contra su colega del oficialista Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

Quien incrementó la tensión fue la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al denunciar un supuesto pacto entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y en general hizo referencia toda la Corte. Han entregado a los jueces independientes de la nación en manos del kichnerismo, acusó. Esto no fue acompañado por muchos opositores.

Carrió dijo que había llevado su denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que fue criticado por diversos sectores.

También planteó una cuestión de privilegio contra la oficialista Diana Conti, aunque estaba equivocada, ya que esta legisladora sí había compartido con los 12 invitados propuestos por la oposición para dar sus opiniones sobre la reforma judicial en el plenario de comisiones.

La reunión de la Cámara de Diputados fue así un permanente combate donde la oposición en general basaba sus juicios en el rechazo a la reforma en su conjunto de suposiciones y preconceptos. Sin embargo, hubo discursos que rayaron en el racismo, en el desprecio al pueblo, y expresiones de baja calidad política.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, dijo que esperaba que la participación popular logre los deseados frutos de democratizar un Poder Judicial que no ha logrado trasvasar ese ímpetu que marcó la renovación de la Suprema Corte al resto de los integrantes del Poder Judicial.

Uno de los planteamientos de la oposición fue que la elección popular es inconstitucional y politizará la justicia, lo que fue replicado por el diputado Carlos Moreno, quien brindó claros ejemplos de miembros del Consejo de la Magistratura con una reconocida actividad partidaria. Moreno sostuvo que todos los jueces hacen política y contradijo así el discurso de quienes sostiene que el sistema actual garantiza una separación entre la política y el Poder Judicial.

Poco antes de las nueve de la mañana, y sin la presencia de las bancadas opositoras, la Cámara de Diputados aprobó por 126 votos contra diez la ley sobre medidas cautelares, que regula el uso en las que el Estado o sus entes descentralizados sean parte, y aclara que no se incluyen limitaciones a las que puedan ser presentadas por gremios y sectores vulnerables de la sociedad.

El diputado y abogado laboralista Héctor Recalde aseguró que la nueva ley no restringe el derecho de huelga, y destacó que éste no es un gobierno que cercene derechos, sino que los amplía.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, admitió la semana pasada que la reforma judicial impulsada por el gobierno está enmarcada en el conflicto entre el Ejecutivo y el poderoso Grupo Clarín, por la ley de medios, cuya aplicación está frenada por una medida cautelar presentada por la empresa mediática que rechaza limitar el número de sus licencias de televisión y radio como establece la legislación.

No se reforma la justicia por este tema en particular, pero sí es un ejemplo de por qué hay que hacer la reforma. Hay casos de lavado de dinero parados hace años, y leyes, como la de medios, que están paradas con (medidas) cautelares, expuso Sabatella.

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