Diez mil personas, víctimas de las minas antipersonales en Colombia, desde 1990

En el Día Internacional para la Sensibilización sobre las Minas Antipersonales, el 4 de abril de 2011, un hombre camina junto a casi 10 mil zapatos expuestos en la plaza Bolívar, en Bogotá, que representan a las víctimas de estos artefactos explosivos en ColombiaFoto Dpa

Dpa

Periódico La Jornada
Domingo 11 de noviembre de 2012, p. 21

Bogotá, 10 de noviembre. En Colombia cerca de 10 mil personas, entre militares y civiles, han sido víctimas de la colocación ilegal de minas antipersonales desde 1990, lo que convierte al país en el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de lesionados a consecuencia de estos artefactos, sembrados por la guerra y cosechados por inocentes.

De acuerdo con lo registrado por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), creado en 2007 con la intención de prevenir a la comunidad vulnerable y atender a quienes han caído por las minas, 151 civiles y 211 militares, 362 personas en total, han pisado artefactos de este tipo entre enero y septiembre de 2012.

Para Daniel Ávila, director del PAICMA, la situación en el país es cada vez más crítica, debido a que la siembra de minas no cesa, pese a los esfuerzos del gobierno de erradicar estos artefactos diseñados con el propósito de causar la muerte o algún daño físico a quien lo pisa.

Durante 2012 han muerto 58 personas por accidentes con minas y cerca de 304 resistieron la explosión, pero quedaron con secuelas de consideración. La amputación de extremidades o las quemaduras de alto grado son las lesiones más frecuentes de estos sobrevivientes.

Estas circunstancias obligan no sólo a las víctimas, sino a sus familiares y comunidades a replantear su estilo de vida y adaptarse a esa nueva condición, que sin duda implica apoyo psicosocial, económico y emocional, que se han vuelto ayudas vitales para seguir adelante.

Menores, la mayores víctimas

Jackson, un pequeño de siete años, forma parte del grupo de 37 menores de edad que en el trascurso de 2012 fueron heridos tras activar accidentalmente las minas, distribuidas en su mayoría en 10 de los 32 departamentos del país: Antioquia, Putumayo, Meta, Caquetá, Nariño, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bolívar.

Esa mañana Jackson salió con mi hermano a conseguir agua, fue cuando con la manguera que llevaba en la mano activó la mina y le estalló en la carita, relata Virgelina, la madre de este pequeño que el pasado 16 de octubre sufrió múltiples heridas en su cuerpo y que a causa de la explosión perdió totalmente su ojo derecho.

Virgelina, una madre soltera de 25 años con tres hijos de 10, siete años y nueve meses de edad, que ha dedicado su vida a la producción agrícola, nunca imaginó conocer la capital colombiana bajo las circunstancias que hoy la tienen allí.

Es muy difícil para mí porque mis hijos están allá mientras yo cuido a Jackson. Espero que mi niño se recupere, pero tengo mucho miedo porque él ya me está preguntando qué le pasó y está desesperado por volver a la casa, narra con lágrimas en sus ojos esta mujer oriunda del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

Pese a los esfuerzos que los doctores del Hospital Militar de Bogotá hacen para salvar el ojo izquierdo del pequeño Jackson, la posibilidad de pérdida es de más de 90 por ciento, por lo que Virgelina pide a Dios, que es el único capaz de hacer milagros, que el niño pueda volver a ver.

Después de ver el mundo, jugar, compartir con amigos y ayudar a su madre en los quehaceres del hogar, Jackson, a su corta edad, tendrá que enfrentarse a la oscuridad por el resto de su vida.

Según los registros del PAICMA, en promedio cerca de dos personas caen diariamente en el país en campos minados, mientras el batallón de desminado, compuesto por nueve pelotones dedicados a limpiar las zonas más críticas del país, despejan al menos 150 metros cuadrados del territorio nacional.

Ávila considera que los esfuerzos no son suficientes para lograr la meta de desminado total antes de 2021, compromiso que Colombia adquirió ante la Convención de Ottawa en 2001 con un plazo de una década, sin embargo, el país pidió una prórroga de 10 años más.

Por tal razón, y en medio del proceso de paz que inició recientemente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organizaciones dedicadas a la atención y seguimiento de las víctimas de minas han exigido a las partes incluir el tema en las conversaciones.

La Campaña Colombiana contra Minas (CCM), en cabeza de Álvaro Jiménez, pidió en una carta dirigida a Santos que se incluya prioritariamente el tema de las minas antipersonal y los remanentes explosivos de guerra en el proceso de paz con las FARC, principales responsables de la siembra de los artefactos.

Las organizaciones consideran necesario que las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) brinden información sobre la ubicación de las minas sembradas por ellos en todo el territorio nacional.

Sin embargo, en medio de la luz de esperanza que se abrió con el actual proceso de paz, sigue la duda sobre el final real de la guerra, debido a la incertidumbre sobre el desminado del país y la constante acción de esas bombas de tiempo que no distinguen víctimas.

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